El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha señalado que las organizaciones animalistas y el Gobierno de España "están absolutamente solos" en la prohibición de la caza de lobo, recoge EFE.

"Creo que están solos ante una marea en la que Europa ha puesto las cosas claras y ha dicho lo que pedía Castilla y León es lo correcto y lo lógico", ha subrayado en declaraciones previas a su participación en dos comisiones que han tenido lugar este lunes en la sede de la Fundación Regional de Municipios y Provincias (FRMP), en Valladolid.

Preguntado por las manifestaciones de este fin de semana en varias ciudades españolas en defensa de este cánido, entre ellas Valladolid, Suárez-Quiñones ha afirmado que son "los últimos estertores de la defensa de algo que no defiende nadie", y ha pedido al Gobierno que respete la "voluntad popular" manifestada en las Cortes Generales en España y de los organismos europeos.

Sobre los plazos estimados en los que las autonomías vuelvan a gestionar la población de esta especie, tanto al norte como al sur del río Duero, el consejero ha estimado que sea "hacia la mitad de este año o un poco más allá" en un año que ha calificado como "apasionante", ya que los gobiernos autonómicos podrán controlar "de forma responsable" la población de esta especie al sur del Duero, algo que no sucedía desde 1992.

"El objetivo no es cazar el lobo: el objetivo de la gestión por la comunidad autónoma es buscar el equilibrio con la ganadería y que tenga un estado de crecimiento favorable, pero también que no haya un estado de desaparición de la ganadería, que es lo que estaba pasando hasta ahora", ha afirmado.

Suárez-Quiñones ha insistido en que es "inevitable" que las instituciones europeas trasladen la decisión del Convenio de Berna, que supone una reducción de la protección del lupino, aunque ha apuntado que aún está pendiente que el Gobierno español presente a Europa su informe sexenal, que incluya un censo de población de los lobos, aprobado en una conferencia sectorial con las Comunidades Autónomas.

En este momento sigue vigente el del año 2019, que decía que "el lobo estaba en estado de conservación desfavorable", algo que, a su juicio, es "totalmente contrario a la realidad", según recogen los censos elaborados por las autonomías loberas. "Esos son los tiempos que esperamos, sin perjuicio de que ahora podamos buscar la realización de controles excepcionales", ha apostillado.