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Castilla y León aparca otra semana el pasaporte Covid y dice 'no' a restricciones salvo que se disparen las cifras
Igea asegura que usarlo "no es una urgencia" por la buena situación y Casado asegura que sólo volverían las restricciones si se entra en los niveles más altos de riesgo del 'semáforo'.
La Junta de Castilla y León mantiene en estudio la aplicación del pasaporte COVID o certificado de vacunación, que no aplicará de momento en la Comunidad debido a la situación epidemiológica y sanitaria, si bien no descarta hacerlo más adelante si fuera necesario, "No es una urgencia para nosotros", dijo el vicepresidente y portavoz, Francisco Igea.
En una comparecencia junto a la consejera de Sanidad, Verónica Casado, explicaron que este jueves el Consejo de Gobierno no abordará la implantación del pasaporte COVID, una medida que requiere una autorización del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad, y que rechazan de plano seis autonomías, mientras otras, como Galicia o Navarra, ya lo han implantado. Castilla y León y otras dos comunidades siguen analizando la idoneidad de esta iniciativa.
Al respecto, el vicepresidente explicó que este martes han recibido el informe de los servicios jurídicos sobre el pasaporte COVID, que en principio el Ejecutivo solo plantea, si finalmente lo aplica, en hospitales y albergues. Indicó que recoge un "motón" de alegaciones y matizaciones, que se revisan para modificar los textos, en relación, a la universalidad y a la situación epidemiológica y sanitaria que justifique su aplicación.
"El secreto está en la argumentación que se presenta a los tribunales", dijo Francisco Igea sobre el razonamiento que se debe hacer, vistos los fallos emitidos en territorios donde no se ha aceptado la petición, como el País Vasco, y la respuesta dada por el Tribunal Supremo. "No se puede descartar nada", recalcó la consejera, quien insistió en que éste es un "proceso dinámico", en el que las actuaciones deben ser proporcionales a la situación en la que se esté.
Verónica Casado insistió en que el 'semáforo' o catálogo de respuesta coordinada sigue situando a Castilla y León en "riesgo bajo" en lo referido a la hospitalización y la ocupación de las unidades de cuidados intensivos, por lo que mientras esta situación se mantenga no recurrirán a las restricciones. Si se alcanzan el umbral "tres o cuatro", precisó, tendrán que hacerlo, siempre vigilando la tendencia. Eso supone que habría que superar los 300-500 de incidencia a 14 días (estamos en 250) o superar el 10% de ocupación de planta en hospitales (ahora es 4%) o el 15% en UCI (ahora está por debajo del 10%).
"Este no es el momento de tomar medidas restrictivas", apostilló el vicepresidente de la Junta, en función del comportamiento de la curva, lo que podría anticipar que en unos días habrá un descenso, sin tener en cuenta lo que pase en el próximo puente de la Constitución y la Inmaculada y las Navidades.
Finalmente, el vicepresidente culpó al Gobierno de mantener al país "en este carajal" al haberse inhibido en la implantación de restricciones, lo que hace que unas comunidades adopten unas medidas y el resto otras diferentes. "No podemos hacer más que solicitar", dijo que se apruebe una ley de pandemias y que acuerden "medidas únicas".
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