Sin embargo, el abogado de las exreligiosas, Florentino Aláez, no cree "de ninguna manera" que el desahucio, en caso de que así lo resuelva la jueza tras la vista oral, vaya a producirse el 10 de junio, entre otras consideraciones legales, porque la defensa de las monjas lo recurriría ante la Audiencia Provincial, según ha explicado en declaraciones a la EFE.

La decisión de la jueza llega después de que rechazara el pasado 21 de febrero la pretensión de las exreligiosas del Monasterio de Santa Clara de Belorado de suspender el procedimiento de desahucio.

El juzgado no admitió la petición de vincular la resolución de la demanda de desahucio presentada el pasado septiembre por el arzobispo de Burgos, Mario Iceta, -como comisario pontificio- a la demanda interpuesta por las exmonjas contra su nombramiento, por lo que el procedimiento de desahucio sigue su curso procesal.

La Oficina del Comisario Pontificio de los Monasterios de Belorado, Orduña y Derio ha recordado que este procedimiento no afecta a las cinco monjas que no han participado del cisma y que conforman actualmente la comunidad monástica de Belorado.

La atención y cuidados que precisan estas religiosas, dada su avanzada edad y delicado estado de salud, serán inmediatamente asumidos por la Federación de Clarisas Nuestra Señora de Aránzazu, a la que pertenecen, tan pronto como sea posible acceder al Monasterio.

Diez monjas excomulgadas: cinco en el convento, tres en Asturias y dos abandonaron el monasterio

La decisión que vaya a tomar la jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Briviesca tras la vista previa del 13 de mayo afectará a ocho de las monjas que fueron excomulgadas el pasado mes de junio ya que desde entonces dos de ellas ya han abandonado el convento.

De las ocho exclarisas restantes, tres se han trasladado a Asturias, donde las exreligiosas han abierto un restaurante en Arriondas que les cuesta 1.600 euros mensuales de renta, un nuevo negocio para incrementar sus ingresos y al que han traslado su obrador ante la imposibilidad de continuar con la actividad en Belorado, publica EFE. 

Problemas de índole económico, derivados entre otras cuestiones de la caída de la actividad del obrador tras la pandemia de la covid-19, unidos a una trama inmobiliaria vinculada a la venta del convento de Derio (Bizkaia), están detrás de la decisión de la comunidad de Belorado de separarse de la Iglesia católica, que comunicaron el mayo del pasado año mediante una carta y un manifiesto.

El abogado de las exreligiosas, Florentino Aláez, no descarta pedir la suspensión de la demanda por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran siete de las ocho exreligiosas -declarada así por los servicios sociales de la Diputación de Burgos- y, además, queda pendiente que la jueza resuelva su petición de acumulación de los procesos, tras la demanda interpuesta en julio contra Mario Iceta, en su condición de comisario pontificio.