Según el consejero de Presidencia, "no vamos a consentir a Ione Belarra que haga declaraciones de esas características" ni que "ofenda" a Madrid con ellas
Condenado por morder un dedo a un notario durante una discusión
El acusado acudió a la notaría para exigir unos documentos familiares que ya había solicitado en varias ocasiones por teléfono
La Audiencia Provincial de Huelva ha revocado una sentencia previa y ha condenado a seis meses de prisión a un hombre por un delito de atentado contra la autoridad, tras agredir a un notario en el ejercicio de sus funciones y morderle un dedo en su despacho.
El tribunal ha estimado el recurso presentado por la Fiscalía contra la resolución del Juzgado de lo Penal 4 de Huelva, que inicialmente solo impuso al acusado una multa de 360 euros y una orden de alejamiento del notario durante seis meses, al considerarlo responsable únicamente de un delito leve de lesiones. Sin embargo, la Audiencia ha determinado que los notarios sí ostentan la condición de funcionarios públicos cuando ejercen su labor, que no se limita a dar fe pública, sino que también abarca el asesoramiento legal.
Los hechos ocurrieron en abril de 2022, cuando el acusado acudió a la notaría para exigir unos documentos familiares que ya había solicitado en varias ocasiones por teléfono. Ante la negativa del notario a entregarle la documentación, la situación derivó en una discusión en la que el acusado, elevando el tono de voz, se abalanzó sobre el profesional, acorralándolo contra una pared con la intención de agredirle.
El notario logró repeler el ataque con un empujón, lo que provocó la caída del agresor, que se golpeó en el ojo con una mesa. Al reincorporarse, mordió el dedo de la mano izquierda del notario. Alertada por el ruido de la confrontación, una empleada de la notaría entró en el despacho y pidió ayuda a un cliente que esperaba en la zona, quien intervino hasta la llegada de la Guardia Civil.
Con esta sentencia, la Audiencia Provincial recalca que el notario fue agredido en el desempeño de su función pública y no por motivos personales, motivo por el cual se ha considerado que la agresión constituye un delito de atentado contra la autoridad.
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