Incluimos hoy en nuestro artículo una referencia de cierta amplitud al tema de la desamortización, que tanta importancia tuvo a lo largo del XIX en España. Como se verá, los primeros intentos fueron -aparte de Campomanes con Carlos III-, del rey intruso José Bonaparte, con una serie de fases diferenciadas después de esa vasta operación, que permitió movilizar superficies para la agricultura, con indudables repercusiones en aumentos de la producción. Sin embargo, la operación fue muy criticada, por declarar una serie de fincas rústicas bienes nacionales, y ponerlos en pública subasta, con el latifundismo subsiguiente. Y a pesar de que es difícil hacer una crítica de síntesis, se intenta al final de la entrega de hoy.

Una operación agraria y política compleja

La desamortización fue, al lado de la polémica librecambio-proteccionismo y del problema constitucional de la libertad de cultos, una de las cuestiones clave del siglo XIX español, un siglo entreverado de las tres guerras carlistas.

La política desamortizadora tuvo una relación muy estrecha con los problemas de la Hacienda española, desde el punto y hora en que un primer incentivo para realizar la desamortización provenía del hecho de que los bienes amortizados de la Iglesia en su mayor parte no pagaban tributos. Y por tanto, su venta en públicas subastas, además de conseguir numerario de inmediato, había de significar mayores ingresos ulteriormente por la contribución a pagar por los nuevos propietarios.

Por otro lado, en el primer tercio del siglo XIX estaba muy generalizada la idea de que la deuda pública, de la que tanto se abusó en los últimos años del siglo XVIII (vales reales) y en las primeras décadas del siglo XIX, sólo podría amortizarse precisamente con el producto de la venta de los bienes amortizados.

Finalmente, fueron en efecto las guerras carlistas las que indujeron a poner en marcha el proceso desamortizador. Los recursos urgentemente necesarios y el apoyo de la burguesía, sólo podían obtenerse con la venta de los bienes de las manos muertas y con la consiguiente creación de una serie de beneficiarios de la política desamortizadora.

Cinco fases de la desamortización

Pueden resumirse las medidas desamortizadoras en cinco momentos, separados por épocas, en las que se intentó frenar el proceso e incluso deshacer lo ya realizado[1]:

• Poco después de que José Bonaparte ordenara la supresión de las órdenes religiosas y la conservación de sus propiedades en bienes nacionales (1808 y 1809), las Cortes de Cádiz votaron la abolición de los señoríos jurisdiccionales (1811) y la supresión de la institución de los mayorazgos (1813). Ambas leyes, que intentaban acabar con el sistema feudal imperante en España, prácticamente no llegaron a entrar en vigor, pues fueron derogadas por Fernando VII en los comienzos del período absolutista (1814 a 1820).
• El trienio constitucional (1820-1823) restableció la legislación doceañista en su Ley de desvinculación (de 11 de diciembre de 1820) e inició la desamortización eclesiástica; pero en 1823, Fernando VII suspendió nuevamente el proceso desamortizador al derogar toda la legislación del período.
• En el decenio progresista (1834-1843) se acometió, ya decididamente, la obra desamortizadora, cuyo principal promotor en este momento fue el Ministro de Hacienda, Juan Álvarez Mendizábal, que veía en el mecanismo desamortizador el método más rápido y seguro de ganar la guerra civil desatada por los carlistas a la muerte de Fernando VII. La desamortización se comenzó a realizar efectivamente en dos frentes: el de los señoríos, y los bienes de la Iglesia y las órdenes (desamortización eclesiástica), cuyos bienes, por Ley de 29 de julio de 1837, se declararon nacionales y enajenables en pública subasta[2]. Las transacciones que originó esta primera ola desamortizadora fueron muy importantes. Luego, la subida al poder de los moderados en 1843 y el concordato de 1851 con la Santa Sede, abrieron el largo paréntesis de una década en el proceso desamortizador.

• El bienio progresista (1854-1856) tuvo como resultado la Ley de Desamortización General, el 1 de mayo de 1855, promovida por el Ministro Pascual Madoz, dentro del Gobierno del General O’Donnell, y que si bien tuvo corta vigencia (se suspendió el 14 de noviembre de 1856), permitió la enajenación de la mayor parte de los bienes nacionales que restaban por realizar.
• Finalmente, los Gobiernos que siguieron a la revolución de septiembre de 1868 restablecieron la Ley de 1855; como resultado de ello, en 1876 la desamortización alcanzó ya prácticamente todas sus metas. Sólo los bienes concejiles forestales salvados por Madoz, y algunos de la Iglesia, pudieron escapar al largo y complejo proceso desamortizador.

Síntesis final

Es difícil emitir un juicio definitivo sobre la desamortización. Desde luego, era un paso necesario en la revolución burguesa, como lo había sido en otros países. Pero el aspecto más positivo de la desamortización consistió en que con ella entró en la corriente económica una gran extensión de tierras, que hasta entonces habían constituido todo un lastre en el desarrollo económico de España. Por otra parte, la obra desamortizadora en la que los economistas y hacendistas habían puesto todas sus ilusiones, no constituyó la esperada panacea para la Hacienda y la agricultura. La desamortización hizo que el campo pasara de tener una estructura feudal a una capitalista, si bien con vestigios del antiguo régimen todavía muy importantes. Los latifundios sucedieron a los mayorazgos y a las posesiones de la Iglesia, y con la venta de muchos de los bienes comunales, se arruinaron miles de ayuntamientos.

[1] F. Estapé, «Desamortización», artículo del Diccionario de Historia de España, Revista de Occidente, Madrid, 1952, y J. Vicens Vives, ob. cit. págs. 560 y sigs.

[2] El catedrático de Economía Política, Álvaro Flórez Estrada, criticó agudarnente el sistema de enajenación, y propuso que fuera sustituido por el de arriendos enfitéuticos llevados por las Diputaciones Provinciales. Sus palabras, leídas hoy, son las de un profeta que no falló: «Puestos en venta simultáneamente todos los bienes nacionales, calculada la baja extraordinaria que ha de resultar de su valor en venta, con respecto al que hoy tienen otros de igual calidad, calculados los fraudes inevitables que ha de haber, calculada la depreciación del papel que ha de entrar en su compra, calculado el inmenso coste de la administración existente y la nueva que todavía se nos anuncia..., se puede asegurar sin temor de equivocación que si hoy los bienes nacionales tienen un valor como de 100, con ello no se amortizará una deuda como de 30. Por el contrario, el plan sencillo de arriendos enfitéuticos, encargado de su ejecución a las Diputaciones Provinciales, sobre no ofrecer ninguno de los fraudes indicados..., tiene la ventaja de promover instantáneamente la riqueza nacional y de aumentar a proporción los recursos del Estado. El sistema enfiéutico puede llevarse a su complemento en pocos meses; el sistema de venta no se completará en muchos años... El Gobierno, al terminarse el arriendo, se hallaría dueño de las fincas que hoy posee, pero con la diferencia de que éstas tendrán un valor doble o triple del que actualmente tienen...» vid. «Del uso que debe hacerse de los bienes nacionales», artículo publicado en El Español, número correspondiente al 28 de febrero de 1836. Este trabajo fue reimpreso por la Revista de Economía Política, núm. 30, enero-abril 1962, págs. 121 y sigs.