El Congreso de los Diputados ha aprobado esta semana tramitar la proposición de ley de Unidos Podemos para revisar o eliminar algunos artículos del Código Penal como las injurias a la Corona o la ofensa a sentimientos religiosos, una iniciativa que ha respaldado el PSOE, ERC, PNV, PDeCAT y Compromís.

El texto entra ahora en el proceso de presentación de enmiendas en el que los diputados podrán solicitar suprimir, modificar o añadir algún artículo a la proposición o directamente intentar echar la ley atrás, y serán estudiadas por una comisióndesignada por la Mesa del Congreso.

Estos son algunos de los delitos que van a ser revisados y las sanciones que conllevan, que van desde la prisión a penas de multa que pueden oscilar entre los 2 y 400 euros diarios.

INJURIAS A LA CORONA

El artículo 490 del Código Penal establece que las calumnias o injurias a un miembro de la Familia Real (tanto los Reyes, los monarcas consortes como sus descendientes o ascendientes) "en el ejercicio de sus funciones o con motivo u ocasión de éstas" son castigadas con penas de prisión de seis meses a dos años en caso de considerarse graves y con una pena de multa de seis a doce meses si no lo son. En caso de no darse lugar en esa situación, la sanción será una pena de multa de cuatro a veinte meses. Las penas de multa establecidas en el Código Penal son sanciones económicas diarias que pueden ser de 400 euros como máximo y con una extensión mínima de diez días y de dos años como límite máximo.

Dentro de este artículo también se hace referencia a cualquier acción en la que se utilice la imagen de un miembro de la Casa Real para dañar la imagen de la Corona (por ejemplo quemar fotografías en las que salgan), que será sancionada con una multa de seis meses a dos años. Sobre este último artículo se pronunció el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el pasado mes de marzo, que calificó la quema de fotos como "libertad de expresión", decisión apoyada pocos meses después por la Audiencia Nacional.

ULTRAJE A ESPAÑA

Las ofensas o los insultos, ya sean de palabra o por escrito a España, a sus Comunidades Autónomas o a sus símbolos, como las banderas o los himnos, son castigados con una pena de multa de de siete a doce meses, según el artículo 543 del Código Penal. Según la proposición, este delito "ataca" la libertad de expresión y no supone un "ataque contra la patria".

Algunos de los casos más recientes referidos a este delito, fue la querella presentada por VOX contra la alcaldesa de Girona, que la acusó de ultraje a España por cambiar el nombre de la plaza de la Constitución a plaza 1 de octubre o la condena de 7.200 euros contra el promotor de la pitada al himno durante el partido de la Copa del Rey de 2015, que acabó siendo anulada por la Audiencia Nacional.

ENALTECIMIENTO DEL TERRORISMO

En cuanto a los delitos por terrorismo, el artículo 578 es el que suscita más polémica. En él se señala que el enaltecimiento o la justificación pública de este tipo de delitos se castiga con una pena de prisión de uno a tres años y una pena de multa de de doce a dieciocho meses. Este apartado contempla también el "descrédito, el menosprecio o la humillación de las víctimas" de delitos terroristas o a sus familiares como motivo de delito de enaltecer el terrorismo.

El caso de la tuitera Cassandra Vera, condenada a más de un año de prisión por la Audiencia Nacional por escribir tuits jocosos sobre el asesinato del almirante Luis Carrero Blanco y luego absuelta por el Supremo, fue uno de los más sonados. También dio lugar a debate la obra de unos titiriteros en Madrid que mostraron una pancarta "Gora Alka-Eta" y que les llevó a permanecer en prisión cinco días o más recientemente el del rapero 'Valtonyc', que abandonó España para evitar su ingreso en prisión tras ser condenado a una pena de tres años y medio por enaltecer el terrorismo e injuriar al Rey en las letras de sus canciones.

OFENSA A SENTIMIENTOS RELIGIOSOS

El Código Penal también contempla penas de multa de ocho a doce meses para aquellos que ofendan los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa con vejaciones, humillaciones o burlas. Las penas por ofensa a sentimientos religiosos son superiores a aquellas en las que hay violencia o intimidación contra actos religiosos, que se reducen a penas de multa de entre cuatro y diez meses.

La proposición de Unidos Podemos insta a suprimir este artículo ya que, a su juicio, "lo único que habría que proteger es la libertad religiosa como derecho fundamental", y cree que las críticas que puedan ofender a los creyentes entran dentro de la libertad de expresión y que la incitación al odio o la discriminación religiosa queda recogida en el artículo 510.

Aunque dos de los casos más sonados en los últimos meses han sido el del actor Willy Toledo, procesado por insultar a Dios y a la Virgen María, o el de un joven de Jaén que en febrero fue condenado a pagar 480 euros por subir a Instagram un fotomontaje de un cristo con su cara.

CONTRA LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO

Calumniar, injuriar o amenazar "gravemente" al Gobierno, al CGPJ, al Tribunal Constitucional, al Supremo, al Consejo de Gobierno o al Tribunal Superior de Justicia de una Comunidad Autónoma está castigado con una pena de multa de doce a dieciocho meses en el artículo 504. El mismo artículo contempla la misma pena ante injurias graves contra el Ejército o las Fuerzas de Seguridad.

En este caso, la proposición de ley reconoce que apenas se ha aplicado este delito pero advierte del riesgo que existe en caso de que aplique y cree que todas estas instituciones tienen que estar expuestas a la crítica de los ciudadanos.

A FAVOR Y EN CONTRA

El Partido Popular, Ciudadanos, UPN y Foro Asturias votaron el pasado martes en contra de revisar estos delitos, ya que coinciden en que se trata de "otro peaje" que tienen que pagar los socialistas a los partidos que apoyaron la moción de censura contra Mariano Rajoy.

Por su parte, el coordinador general de Izquierda Unida, Alberto Garzón, afirma que este tipo de artículos están "obsoletos" y son "ambiguos", y recuerda que artículos como el de injurias a la Corona fueron rechazados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El PSOE también defiende revisar el Código Penal ya que "en la sociedad existe un debate abierto sobre los límites de la libertad de expresión" y señala que existen "imprecisiones" que provocan "titubeos judiciales". Algo más tajante es Podemos, que considera que el "clima conservador" ha creado una "involución democrática muy grave" y advierte de que hará un examen con "rigor" para "actualizar" la ley.