El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), José Luis Concepción, alertó hoy del "desprecio" a la justicia que supone "atribuir a una persona huida de ella la condición de interlocutor político principal", convirtiéndole, dijo, "en árbitro de los destinos de España".

Lo dijo durante su intervención en el acto institucional de apertura del Año Judicial en Castilla y León, en clara alusión a la negociación del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, con el expresidente catalán fugado, Carles Puigdemont (Junts) para iniciar una negociación sobre una eventual investidura de Sánchez.

En este contexto, Concepción recordó que "con ser grave la lentitud de la justicia" no es "el principal peligro que acosa a España". "El año pasado decíamos que al vertiginoso proceso de descomposición que padece nuestro país no es ajeno el tercer poder del Estado, cuyos miembros vemos con enorme preocupación los calculados ataques de que son objeto tanto la cúpula judicial como los jueces que tienen que resolver procesos en los que se ven envueltos intereses políticos, mediáticos o económicos", recordó.

A ello, el responsable del Alto Tribunal de Castilla y León añadió hoy "el desprecio a la justicia" que supone atribuir a Puigdemont "la condición de interlocutor político principal", convirtiéndole, dijo, "en árbitro de los destinos de España". "Algo estaremos haciendo mal", se preguntó. Además de considerar un desprecio, apuntó, "eliminar la efectividad de las resoluciones judiciales mediante el interesado ejercicio de derecho de gracia pese a la oposición del tribunal sentenciador, que además es el más alto tribunal del Estado" o "derogar tipos penales cuyo fin era proteger el orden constitucional por un mero interés coyuntural".

"Desprecio que además de socavar los cimientos del Estado de Derecho conlleva la quiebra del principio de igualdad en la ley y ante la ley que garantiza nuestra Constitución a todos los españoles y que por mor de estas arbitrariedades ha quedado convertido en letra muerta", apostilló Concepción.

Indulto y amnistía

Por otro lado, el presidente del TSJCyL se manifestó contrario al Derecho de Gracia ya que se trata de "una reminiscencia de las monarquías absolutas y se compadece mal con un Estado moderno como el nuestro" pero matizó, "si la manifestación de ese Derecho se efectúa utilizando figuras no previstas en nuestra Norma Suprema, la oposición debe de ser tajante y contundente".

"La única manifestación del Derecho de Gracia que prevé nuestra Constitución es el indulto y éste no puede revestir la forma de indulto general al estar expresamente proscrito y ello porque atenta contra la exclusividad de la función jurisdiccional que ejercen jueces y magistrados y contra el Principio de Igualdad ante la Ley", enfatizó. El magistrado aclaró que "la amnistía supone una manifestación suprema del Derecho de Gracia que elimina, no solo alguna de las consecuencias del delito, como hace el indulto, sino la propia existencia del mismo" y añadió que es "un derecho al olvido adecuado para determinados momentos históricos -como el que se produjo en 1977 con el objeto de lograr la reconciliación nacional- pero que se antoja improcedente cuando no existe más que un mero interés particular".

Concepción alertó de que "dar a entender a los sediciosos que tenían derecho a hacerlo sería propinarle un golpe mortal al Estado de Derecho, dejar al albur de su sola voluntad la repetición de las conductas delictivas que realizaron y, lo que no es baladí, poner en entredicho la labor judicial realizada cuando no consistió sino en la estricta aplicación de la norma promulgada con arreglo a los cauces legales".

Por ello, el presidente del TSJCyL advirtió de que aprobar la amnistía por el caso del 'Procés' supondría "bendecir las conductas ejecutadas con el propósito de destruir España y de atentar contra la propia Constitución, y admitir que la respuesta penal que se dio con la Ley en la mano fue injusta", agregó.

Pacto de Estado

Por otro lado, durante su intervención en el acto, al que asistieron alrededor de 150 personas, entre ellas, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, abogó por "la unión y el consenso de todas las fuerzas constitucionales para reeditar un gran Pacto de Estado sobre la Justicia que permita la renovación de las instituciones, y una ambiciosa y definitiva modernización de los medios con los que trabaja".

Además, Concepción resaltó que este acuerdo común debe servir para acometer "las oportunas reformas legislativas que acaben con esa apariencia de contaminación política con la que muchos ciudadanos perciben la Justicia, visión que viene fundamentalmente propiciada por el modo de elegir el Consejo General del Poder Judicial, pero que resulta desacompasada con la independencia con la que se pronuncian los jueces cuando ejercen la función jurisdiccional".