Los jueces apuestan cada vez más por la libertad vigilada en Castilla y León para reinsertar a los menores que delinquen, según las estadísticas facilitadas a EFE por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, que reflejan que a casi la mitad de los adolescentes de entre 14 y 18 años se les impone esta fórmula de control tras cometer delitos de los que se ha desprendido una responsabilidad penal.

En este sentido, 854 menores de la Comunidad, de 1.838, esto es el 46,46 por ciento, cumplieron en 2022 por mandato judicial una serie de reglas con las que se les intentó 'inyectar' responsabilidad, cuando cinco años antes, en 2018, este porcentaje era de un 42 por ciento, cuatro puntos menos.

Normas que pasan por acudir a clase o al trabajo, así como cumplir con las pautas socioeducativas marcadas en un itinerario de inserción elaborado por profesionales que, asimismo, ha de estar aprobado por un juez.

La ejecución de medidas en medio abierto para enmendar los daños y entrenarse en habilidades sociales se aplicó a 1.727 menores infractores.

Valladolid se situó a la cabeza con 235 de un total de 428 jóvenes con medidas judiciales en medio abierto. Por detrás figuraron Salamanca (160 de 277), Burgos (116 de 279), León (92 de 175), Palencia (77 de 129), Zamora (57 de 122), Segovia (47 de 136), Ávila (40 de 127) y Soria (30 de 53).

Privación de libertad: solo 11 casos en 2022

La reinserción gana terreno a la privación de libertad en la atención a estas personas. De este modo, en 2022 tan sólo 111 menores de la Comunidad permanecían en centros de internamiento como el Zambrana, en Valladolid, de referencia regional con 68 plazas, frente a los 139 de 2018.

El que se revela como el último recurso, al atribuírsele un mayor sentido penal, llegó el año pasado a 28 menores de Valladolid, 22 de Burgos, 15 de León, 13 de Segovia, 11 de Palencia, 10 de Salamanca, 6 de Zamora, 4 de Soria y 2 de Ávila.

Por detrás de la libertad vigilada, y siempre a través de las Unidades de Intervención Educativa (UIE) de las gerencias territoriales de Servicios Sociales, se encuentran las tareas socieducativas (365 menores) ?encaminadas a facilitarles el desarrollo de su competencia social- y las prestaciones en beneficio de la comunidad (313).

Los trabajos encomendados se vinculan con la infracción cometida

Siempre se intenta que estos trabajos estén relacionados con la infracción cometida. De este modo, borran pintadas cuando la condena es por actos vandálicos o acompañan a ancianos si, como telón de fondo, hay una situación de violencia intrafamiliar, un fenómeno cada vez más visible que, no obstante, aún se oculta ante el sentimiento de culpa de los progenitores.

Le siguen la convivencia con otras personas, familias o grupos (114), el internamiento en régimen semiabierto -con programa terapéutico en los casos que lo requieran- en el centro Los Manzanos de Valladolid (42), la permanencia los fines de semana en su domicilio (22), el tratamiento ambulatorio para dar respuesta a un problema psíquico o de adicciones (10) y la asistencia a un centro de día (7), recoge EFE. 

Falta de comunicación y ausencia de normas, detrás de los delitos 

La falta de comunicación unida a la ausencia de límites de revelan como las principales causas, naturaleza u origen de la mayoría de los episodios delictivos, es decir, sus acciones son principalmente el resultado de las influencias del medio social que les rodea.

Así, recién aterrizados en la adolescencia, una época de cambios y altibajos en la que la percepción del riesgo cotiza a la baja, algunos menores tuercen su camino y precisan de ayuda para enderezarlo.