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Ley del sí es sí: 943 rebajas a agresores sexuales y 103 excarcelados
El Tribunal Supremo celebrará un pleno monográfico los días 6 y 7 de junio para fijar doctrina sobre la revisión de sentencias firmes
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cifra en 943 las reducciones de condenas de agresores sexuales en aplicación de ley del solo sí es sí desde su entrada en vigor en octubre, que han supuesto al menos 103 excarcelaciones, según han informado a EFE fuentes jurídicas.
Estos datos, que aún son provisionales, se desglosan en 15 rebajas por el Tribunal Supremo, una por la Audiencia Nacional, 77 por los tribunales superiores y 850 por las audiencias provinciales.
Estas cifras irán en aumento puesto que las fuentes indican que faltan por recopilar los datos de las audiencias provinciales de Gipuzkoa, Granada, Sevilla y Teruel, además de aquellos de los Tribunales Superiores de Andalucía, Canarias, Castilla y León y País Vasco.
Estos datos se hacen públicos un día después de que el Tribunal Supremo haya anunciado un pleno monográfico los próximos 6 y 7 de junio para fijar doctrina sobre la revisión de sentencias firmes por la Ley del solo sí es sí, apenas unos días después del 28M.
En concreto, la Sala de lo Penal estudiará más de 20 recursos de casación presentados por las partes contra las revisiones de las condenas por sentencia firme dictadas por las audiencias provinciales, obligadas por la nueva legislación sobre delitos sexuales para estudiar si era o no más beneficiosa para el reo.
Fuentes jurídicas informan de que la intención del Supremo pasa por unificar criterio y fijar doctrina ante las decisiones de las audiencias provinciales, que no coinciden en su forma de proceder dado que algunos tribunales autonómicos sí han rebajado las penas pero otros, en cambio, no lo han hecho.
Hasta la fecha, el Supremo se había pronunciado sobre sentencias que no eran firmes, pero ahora el alto tribunal entrará a estudiar los casos más polémicos, aquellos cuya condena firme se ha visto alterada tras la entrada en vigor de ley de garantía integral de la libertad sexual, que mantiene enfrentados a los socios del Gobierno a partir de una reforma del PSOE enmendada por Unidas Podemos.
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