La Audiencia Provincial de Valladolid ha condenado a penas que oscilan ente dos años, en el caso de uno de los procesados, y seis meses para cada uno de los otros cuatro encausados, por estafas cometidas al suscribir contratos de préstamos con distintas entidades, que nunca tuvieron intención de abonar, según informa la agencia EFE.

Las acusaciones pública y particular y las defensas han llegado a un acuerdo en la imposición de penas, tras lo que el magistrado ha adelantado este lunes en la Sala de vistas las condenas para cada procesado quienes han aceptado las penas y han rechazado la posibilidad de recurrir la sentencia.

En concreto, Daniel N.F. ha sido condenado a dos años de prisión por un delito continuado de estafa y al pago de una multa de 810 euros - nueve meses a razón de tres euros diarios-.

Para los otros cuatro acusados, Roberto C.A.G., Ruth G.T., Alexandra L.V.U y Sergio P.A. la pena establecida es de seis meses en cada caso por un delito de estafa.

Además, en concepto de responsabilidad civil, cuatro de los encausados deberán abonar a distintas entidades indemnizaciones que suman en total más de 61.000 euros, con el compromiso de pagar 200 euros mensuales.

Los hechos por los que han sido acusados los procesados, que los cinco han asumido, se basan en que dos de ellos, Daniel N.F y Roberto C.A.G., actuando de común acuerdo con animo de obtener un ilícito enriquecimiento y sabiendo que no iban a realizar la prestación contratada, suscribieron con un banco en Valladolid un contrato de préstamo el 23 de septiembre de 2017, según las conclusiones de la Fiscalía.

El préstamo al consumo se suscribió por un importe de 6.360 euros, un contrato sobre el que se adeudan 7.614 euros.

Daniel N.F. , también para obtener un beneficio patrimonial ilícito y sabiendo que no iba a realizar la prestación contratada, el 6 de junio de 2018 suscribió con otro banco un contrato de préstamo mercantil por 20.313 euros, para financiar la compra de un coche en un establecimiento del Polígono de Los Villares de Salamanca.

El contrato, al que estaba incluido la adhesión a un seguro con una prima de 2.298 euros, venció de forma anticipada por impago con un importe pendiente de abonar de 21.171 euros, mientras el coche, del que el banco tenía reserva de dominio, se encuentra en paradero desconocido.

El acusado Daniel N.F. concertó otro contrato de préstamo el 2 de julio de 2018 con otra entidad bancaria por 5.000 euros, supuestamente para pagar un implante en una clínica dental, sin que el préstamo estuviera pagado en septiembre de 2020.

El mismo encausado, de común acuerdo con otro de los procesados, Sergio P.A., suscribió otro contrato de préstamo con una Caja Rural por 15.840 euros, y ese mismo día hizo una transferencia de 12.000 euros a la cuenta de una sociedad cuyo titular único era Sergio P.A., sin hacer después efectivo el pago de crédito solicitado.

Daniel N.F. suscribió un contrato de préstamo en julio de 2018 de acuerdo con la encausada Alexandra L.V. por 15.000 euros para reformar una vivienda, y otro sólo el primer encausado en noviembre de 2018 en Valencia de Don Juan (León) por 5.000 euros, sin que se abonara en ninguno de los dos casos.

El fiscal consideró que dos de los procesados, Sergio P.A. y Alexandra L.V.U, a cambio de recibir una cantidad de dinero, se comprometieron a entregar lo percibido en las transferencias que les hicieron a terceras personas cuya identidad se desconoce.

El ministerio público, antes del acuerdo alcanzado entre las partes, había calificado los hechos como cinco delitos de estafa, uno de ellos continuado, y había pedido penas que oscilaban entre tres años y medio y un año y seis meses de prisión, además del pago de indemnizaciones que sumaban más de 72.000 euros.