La Renta Garantizada de Ciudadanía puede complementar el Ingreso Mínimo Vital "aumentando en la medida de lo posible la cuantía que se ofrece a los perceptores y beneficiarios". Así lo han subrayado los autores del informe del Consejo Económico y Social que ha centrado la mesa redonda celebrada en Zamora, en colaboración con el Grupo TRIBUNA, y que contó con la presencia de un economista de renombre, Ramón Tamames.

Que ambas ayudas, la autonómica y la nueva a nivel estatal, puedan ser complementarias supone una "buena noticia", toda vez que "ofrece un salvavidas en las situaciones de pobreza severa", en palabras de los profesores de la Universidad de Valladolid Pablo de la Rosa y Juan María Prieto, autores del informe, quienes apuntaron también el reto de llegar a una mayor población en situación de pobreza severa, ya que, según los datos facilitados, ambas prestaciones sólo llegan al 38% de quienes están en riesgo de exclusión social.

Para Ramón Tamames, el informe del Consejo Económico y Social es "una buena base" para analizar la convivencia de las dos prestaciones. "Yo creo que hay que analizarlo con frialdad y no dejarse llevar por la lucha entre las comunidades autónomas por ver quién da más para ver quién me va a votar en el futuro", sentenció Tamames.

Poco antes había recordado el economista y político a los clásicos. Ya "decían que la renta garantizada es un desincentivo para volver a trabajar, y tenían razón". Ahora, con las dos ayudas, la estatal y la autonómica, "hay que coordinar la iniciativa de las comunidades autónomas y establecer una coherencia para dar el Ingreso Mínimo Vital".

El veterano economista echó la vista atrás para recordar, por una parte, que la Seguridad Social se remonta a los años cuarenta del siglo XX, aunque "mucha gente piense que la hizo Felipe González"; por otra, que "también está el seguro del paro, que se nos olvida que en Estados Unidos es de 28 días cuando en España es de dos años y puede llegar hasta cuatro si hay obligaciones familiares".

Tras la más reciente aprobación del ingreso mínimo vital por parte del Estado, y tras años de permanencia de la renta garantizada de supervivencia a nivel autonómico, el Consejo Económico y Social apostó por "estudiar en profundidad y formular propuestas para que puedan coordinarse" ambas prestaciones, tal y como explicó el presidente del Consejo Económico y Social, Enrique Cabero.

La puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital es "un avance en la consolidación de los derechos sociales", en palabras del profesor Juan María Prieto, quien incidió en la importancia de "establecer mecanismos de convivencia y coordinación" entre las dos ayudas, para "luchar contra un problema tan grave y extendido como es la pobreza", señaló De la Rosa.

Ambos expertos incidieron en que distintas comunidades autónomas, como Castilla y León, trabajan en la posibilidad de "incorporar el Ingreso Mínimo Vital a un sistema de garantías de ingresos propios de carácter autonómico donde ambas (prestaciones) convivan". Así, la Renta Garantizada de Ciudadanía puede complementar al Ingreso Mínimo Vital aumentando en la medida de lo posible la cuantía y también ofrenciendo a los perceptores y beneficiarios la posibilidad de ejercer esto que se llama doble derecho". El derecho al "ingreso que permita la subsistencia económica para luchar contra la pobreza y, al mismo tiempo, el derecho a la inclusión social".

Una vía, la del "incremento de la protección y el trabajo en la potencialidad inclusiva de estas prestaciones, es algo que desde la Junta se trabaja, igual que en otras comunidades autónomas", esto es, que "se trabaja de manera decidida en buscar cómo articular y gestionar la convivencia de las dos prestaciones".

El Ingreso Mínimo Vital "ha reducido" el número de personas en situaciones más al límite. Aseguran los expertos que "la cobertura de este tipo de prestaciones se ha triplicado". "Si sumamos lo que cubre la Renta Garantizada y el Ingreso Mínimo se superan las 50.000 personas". Una "cifra importante" que no llega a cubrir "la población que en Castilla y León padece una privación servera, que ronda las 130.000".

Para ambos profesores de la Universidad de Valladolid "hay que facilitar el acceso a las personas en pobreza severa que no pueden acceder, al no poder justificar su situación de pobreza según los criterios que establecen" tanto el Ingreso Mínimo como la Renta Garantizada. Una "brecha" que "habría que cubrir a través de la simplificación en los procesos de acceso a estas prestaciones". Y "un proceso que deberían de liderar las comunidades autónomas en colaboración con las entidades locales y de acción social".

La jornada contó también con la participación del vicepresidente segundo de la Diputación de Zamora, Jesús María Prada, quien señaló la intención de potenciar este tipo de actividades, como la mesa redonda celebrada en el Colegio Universitario en torno a las prestaciones sociales, "abriéndonos más a la sociedad y dar a conocer los consorcios de la Diputación, en este caso el de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales".