La aplicación 'Radar COVID', desarrollada por el Gobierno para controlar los contagios de COVID-19, ha finalizado este domingo su actividad tras más de dos años de funcionamiento.

Según sus estadísticas, la 'app' ha ayudado a identificar 124.555 contagios, del total de 13.441.941 casos notificados oficialmente hasta el momento, lo que supone menos del 1 por ciento del total.

Estos datos contrastan con el de número de descargas. De acuerdo con el Gobierno, se ha descargado más de 8,6 millones de veces por los usuarios, tanto en Android como en dispositivos Apple, es decir, aproximadamente el 21 por ciento de los españoles mayores de 14 años.

La 'app' ha costado a las arcas públicas unos 4,2 millones de euros, de los que 330.537 euros se destinaron a su desarrollo, según informó el Ejecutivo en febrero de este año en una respuesta parlamentaria a Ciudadanos.

El contrato para el mantenimiento, el soporte y la evolución de este sistema de rastreo ha ascendido hasta los 1,7 millones de euros con Indra. Precisamente la finalización del contrato con esta compañía ha supuesto el cese de actividad de la aplicación.

La partida más abultada para 'Radar COVID' ha sido la colaboración y la ejecución del plan de medios con el objetivo de darle visibilidad: 2,1 millones de euros. Otros 28.459 euros han ido para elaborar materiales en la creatividad de la campaña.

EL GOBIERNO: "VALIOSA HERRAMIENTA"

Pese a estos datos, el Gobierno ha defendido en varias ocasiones la eficacia de la aplicación. La última en abril de este año en una respuesta a la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados.

En concreto, el Ejecutivo argumentó que fue una "valiosa herramienta". "Sin duda alguna, 'Radar COVID' es una valiosa herramienta que ha contribuido, de manera automática, a la identificación de casos COVID-19 que han sido aislados y tratados convenientemente", apostilló.

Además, el Gobierno esgrimió durante su lanzamiento que 'Radar COVID' seguía "los estándares técnicos más garantistas con la privacidad de los usuarios en cumplimiento de todas las recomendaciones elaboradas por la Comisión Europea en este sentido".

Sin embargo, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) emitió en junio de este año un expediente sancionador, sin sanción económica, contra la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA), el organismo que desarrolló la aplicación, por violar hasta 8 artículos del Reglamento General de Protección de Datos.

Entre otros artículos, la aplicación vulneró el 5.1.a., que establece que los datos personales serán "tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado".