PP y Vox siguen enredados en la formación de Gobierno, pero al retrasar la investidura del presidente de la Junta están perjudicando a los ciudadanos de Castilla y León que son rehenes de una estrategia política que demora la puesta en marcha del Gobierno regional en un momento crítico.

La investidura del nuevo presidente de la Junta de Castilla y León sigue demorándose y su retraso ha entrado ya en un terreno preocupante por lo que supone para lo que realmente importa a los ciudadanos, que no son los intereses partidistas ni las luchas de poder, sino el funcionamiento efectivo de la administración y las instituciones. Y si el movimiento se demuestra andando, la Junta permanece casi totalmente parada desde hace semanas, algo habitual cuando hay procesos electorales de por medio, pero que se está alargando más allá de lo que debería. Lo peor es que todo apunta a que se trata de una estrategia en la que los ciudadanos hemos sido tomados como rehenes.

El proceso para elegir al nuevo presidente de la Junta y acabar con el parón electoral es muy claro y deja en evidencia lo que está ocurriendo. Tras constituirse las Cortes el 10 de marzo, el nuevo presidente, Carlos Pollán (Vox), inició la obligatoria ronda de contactos para proponer a un candidato; tenía 15 días de plazo, pero no los agotó: el 18 de marzo ya propuso a Alfonso Fernández Mañueco al constatar que tenía los apoyos suficientes, los de PP y Vox, propios del acuerdo de investidura alcanzado a 15 minutos de la hora límite. Y ese día, lo que habían sido prisas pasaron a ser tensiones.

El siguiente paso era ponerle fecha al debate de investidura. El propio Pollán fijó como posibles el 25 y el 28 de marzo, pero a diferencia de la designación de candidato, para dictar el día de la investidura no hay plazo límite en la normativa. Se tiene que decidir en una reunión de la mesa de las Cortes, que reúne a presidente, dos vicepresidentes y tres secretarios. Las alarmas saltaron cuando el presidente de las Cortes no convocó la mesa con los plazos necesarios, haciendo imposibles las dos fechas previstas. La explicación, que se sigue negociando el reparto del Gobierno.

Vox quiere un acuerdo "definitivo" antes de ir a la investidura y no oculta que no la habrá hasta que no haya un reparto final de atribuciones. En el fondo, la lucha por ocupar los sillones de las tres consejerías que se ha asegurado Vox, dotar de algún contenido a la vicepresidencia de García-Gallardo, conseguir peso en el área de comunicación (algo estratégico) e incluso firmar un segundo documento que amplíe los contenidos del primero.

Este lunes hay mesa convocada, pero será para una cuestión meramente procedimental: el nombramiento del secretario general-letrado mayor de la institución. Sobre la fecha para el debate de investidura del próximo presidente de la Junta de Castilla y León, nada de nada. Y a nadie parece preocuparle en exceso, tampoco en el PP, que habla de "flecos" en el acuerdo mientras siguen pasando los días.

Las presiones son algo propio de un proceso de negociación en el que las partes hacen uso de la fuerza que consideran obtenida. El tira y afloja político puede ser más o menos lícito, pero el límite tiene que estar muy claro: no se puede tener parada Castilla y León. Mientras el futuro gobierno bipartito se aclara con el reparto de funciones, la comunidad carece de un presupuesto adecuado para consignar las partidas de los fondos europeos de recuperación y parmanece en modo 'en funciones' en plena crisis energética con el impacto en la actividad y los suministros que ha tenido el paro del transporte.

Vox no ha ocultado nunca, ni oculta, que su objetivo final es alcanzar el Gobierno central, pero mientras tanto ya ha adquirido obligaciones con Castilla y León. Su líder, Santiago Abascal, afirmaba hace unos días que la comunidad va a ser su "piso piloto". Parece incluso que quieren esperar al congreso del PP para que Feijóo sea ya presidente y hacerse la foto del futuro gobierno regional.

Es un mal planteamiento: sea lo que sea lo que proponga, que todavía está por ver hasta dónde llega, esta comunidad no puede convertirse en un vulgar campo de pruebas para la estrategia política de ningún partido, tampoco del suyo. Vox no puede seguir pensando en cómo aliarse con el PP para sus objetivos futuros, pero no puede convertir a los castellanos y leoneses ni por un segundo en rehenes de una investidura que se retrasa de forma injustificada.