La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado ha lamentado la imagen percibida por la opinión pública respecto a la acción por parte de la Agencia Tributaria sobre las irregularidades fiscales del rey emérito, Juan Carlos I, y ha propuesto dotar al organismo de mayores competencias en investigación antes de mandar los casos a la Fiscalía.

"La opinión pública tiene la percepción de que la Agencia Tributaria no ha hecho nada y no es así", ha recalcado el presidente de la Asociación, Julio Ransés Pérez Boga, durante una rueda de prensa para presentar un nuevo informe con propuestas contra el fraude fiscal y de reforma de las administraciones tributarias.

Los inspectores consideran que es necesaria la mejora en la investigación y denuncia de los delitos contra la Hacienda Pública y de contrabando. Según explican, actualmente, la Administración Tributaria es la encargada de la aplicación de las normas tributarias y de la lucha contra el fraude fiscal.

En los casos en los que el fraude fiscal es más grave, cuando es penalmente reprobable, la Administración debe "limitarse" a denunciar los hechos y a actuar como mero auxiliar del juez o el fiscal, sin competencias propias, cuando "realmente es la que mejor está preparada para investigar este tipo de delitos", han remarcado los inspectores.

Una primera medida que proponen desde la Asociación es la reorganización interna de las unidades y equipos que, dentro de la AEAT, tienen competencia las tareas relacionadas con delitos contra la Hacienda Pública y la colaboración con fiscales y jueces.

CREAR UNA 'POLICÍA JUDICIAL'

Además, los inspectores ven deseable que se dotara a la Agencia Tributaria de mayores competencias en la investigación de estos delitos y contar con una 'Policía Judicial' a través de la conversión de determinadas unidades de la Administración en esta policía, con potestades similares al Ministerio Fiscal.

"Esta Policía no sería como la propuesta italiana, que es como la Guardia Civil aquí, sino como el Servicio de Vigilancia Aduanera", ha explicado el presidente de la Asociación de inspectores. Con esto se pretende dar solución a la situación actual.

Según denuncian los inspectores, las potestades administrativas se muestran "ineficaces e ineficientes" frente al fraude fiscal más grave, porque la AEAT se ve obligada a la "judicialización temprana" de los expedientes, perdiendo la iniciativa investigadora de la misma, y realizando a partir de ese momento cualquier actuación "por mandato" del Juzgado de Instrucción. "No tenemos una estructura para trabajar con eficiencia los delitos fiscales", ha criticado el presidente de la Asociación de Inspectores.

En este sentido, también proponen la creación de equipos mixtos con la Fiscalía para la investigación de delitos económicos graves, dado que la investigación de los delitos fiscales y delitos económicos y financieros graves requiere conocimientos técnicos, contables y fiscales que pueden aportar los inspectores.

"Está fuertemente arraigada en la sociedad la idea de que delincuentes fiscales quedan impunes", han denunciado los inspectores, quienes replican que lo cierto es que cada año es mayor el número de sentencias que se dictan en materia de delitos contra la Hacienda Pública. Además, han apuntado que ya no son excepcionales, como en el pasado, los ingresos en prisión por delitos contra la Hacienda Pública.

Los inspectores han destacado que hay que tener en cuenta que la suspensión de la ejecución de los delitos contra la hacienda Pública está sometida a reglas más duras que las suspensión de la ejecución de otros delitos.

Por ello, consideran que debería tenerse en cuenta una regulación que evitase que los delitos económicos puedan tener una "escapatoria de la pena de prisión" sin ni siquiera resarcir a los acreedores defraudados.