El Tribunal Supremo ha estimado el recurso presentado por Ecologistas en Acción y ha acordado la demolición del hotel y las viviendas construidas en el complejo Isla Valdecañas. Este complejo fue levantado con un decreto de interés general de la Junta de Extremadura en un lugar que está protegido y forma parte de la Red Natura, pese a lo cual se construyeron un hotel, campo de golf, playa particular y 185 chalets de lujo. En un primer lugar se ordenó mantener lo ya construido, caso del hotel y las viviendas, pero ahora se ha ordenado derribarlo todo.

En concreto, la Sala III del Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casación interpuesto por la entidad Ecologistas en Acción contra el auto que dictó el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) en ejecución de las sentencias que declararon nulo el decreto de la Junta de Extremadura por el que se aprobaba definitivamente el Proyecto de Interés Regional promovido por Marina Isla de Valdecañas S.A.

Dicho auto, de 2020, acordaba la conservación del hotel, viviendas, campo de golf e instalaciones que actualmente están construidas y en funcionamiento. Ahora, el Tribunal Supremo anula este extremo y acuerda que deberán ser demolidas como el resto de las obras e instalaciones cuya demolición determinaba el propio auto de ejecución, explica el tribunal en nota de prensa. Señala que el contenido íntegro de esta sentencia se dará a conocer en los próximos días.

Satisfacción de los demandates

Ecologistas en Acción ha celebrado la sentencia del Tribunal Supremo en la que acuerda la demolición del hotel y las viviendas construidas en el complejo Isla de Valdecañas, tras el recurso presentado por esta organización. Una sentencia que llega tras 14 años de pleitos y que da la razón a Ecologistas en Acción, en contra del auto del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, de tal modo que "aborta un peligroso precendente".

Así se refiere el colectivo al "uso de argucias para no ejecutar sentencias de demolición de obras nítidamente contrarias a la legislación urbanística y ambiental", señala en una nota de prensa. Han pasado 14 años desde que se un proceso administrativo y judicial en contra de una "urbanización ilegal", Marina Isla de Valdecañas, que se diseñó en "plena zona Red Natura 2000, un espacio teóricamente protegido y no urbanizable".

Para Ecologistas en Acción, resulta "difícil" encontrar un caso "tan rotundo de vulneración" de la legislación ambiental y urbanística, europea, estatal y autonómica, como este, con "varias sentencias en contra" del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), del Supremo y del Constitucional, con informes del CSIC que avalaban la necesidad de demoler esta urbanización ilegal, entre otras.

Por eso, resultó "tan sorprendente" el auto del TSJEx de 30 de junio de 2020 en el que se declaraba la "imposibilidad material" de demoler los edificios ya terminados, limitándose a eliminar los que estaban a medio construir, en contra de los propios estudios científicos que se habían realizado en el proceso.

Contra un peligroso precedente

Para Ecologistas en Acción, con aquel auto se podía instaurar un precendente por el cual "ante vulneraciones palmarias de la legislación urbanística y ambiental, la política de hechos consumados tiraría por tierra toda la normativa urbanística y de espacios protegidos", como la Red Natura 2000.

Así, los mismos razonamientos del TSJEx serían aplicables a muchas obras ilegales, declarándose luego imposible su demolición por el impacto socioeconómico que pudiera provocar. "Carta blanca para construir de forma ilegal permitiendo la transformación urbanística de suelos especialmente protegidos", añade Ecologistas en Acción.

Por eso, la organización ecologista decidió recurrir este auto en casación ante el Tribunal Supremo y se felicita ahora por esta sentencia, aún no notificada a Ecologistas en Acción por lo que todavía no se conocen sus detalles, pero que "sin duda supone que prevalezca el cumplimiento de la ley, el interés general de la ciudadanía y el respeto al medio ambiente".

"Con tan profusión de sentencias en contra lo único injustificable era la intención del TSJEx a evitar la demolición, aludiendo a su imposibilidad material, algo que corrige ahora el Tribunal Supremo de manera contundente: la urbanización debe ser demolida", remarca la asociación ecologista. Ecologistas en Acción enfatiza todo este "largo proceso judicial y todos los gastos" que va a acarrear se podrían haber evitado si el TSJEx hubiera decretado la paralización cautelar de las obras, apenas iniciadas en 2012 cuando dictó su primera sentencia en contra de Marina de Valdecañas.

Sin embargo, en lugar de proceder de ese modo, condicionó la paralización a que las organizaciones ecologistas demandantes (Adenex y Ecologistas en Acción en aquel momento) depositaran una fianza de 41 millones de euros, algo "disparatadamente fuera de su alcance".

La organización ecologista también destaca que "siempre ha actuado con el único afán de que se cumpliera la legalidad y de bloquear un peligroso precedente" en un país dónde el "urbanismo salvaje ha arrasado gran cantidad de espacios naturales". Por eso renunció a la indemnización de 250.000 euros que fijó el TSJEx y se mantuvo "firme" en sus denuncias.

Del mismo modo, también exige a la Junta de Extremadura que pida disculpas por su "nefasta y cuasi prevaricadora gestión" de este asunto, así como que "atienda de forma especial a los habitantes de los municipios afectados por esta urbanización, con las medidas de compensación que se consideren adecuadas". Por último, Ecologistas en Acción espera que está sentencia sea "un aviso para navegantes" de cara a la proyectada construcción de un complejo de ocio en La Serena, Elysium City, donde "también se pretende urbanizar varias zonas protegidas".