Llamar al 112 es un acto que realizan más de 1000 personas cada día en Castilla y León. Si a ello le sumamos que cientos de personas se movilizan en ambulancias no asistenciales porque precisan un traslado especial, hablamos de mucha gente asistida por los servicios sanitarios de forma continuada durante las 24 horas del día y, evidentemente, los 365 días del año. Como todos los servicios públicos, el transporte sanitario no está exento de polémica.

Hace una semana volvían a oírse las protestas de los TES (Técnicos de Emergencias Sanitarias) que reclaman, una vez más, unas condiciones de trabajo dignas. Para entender la problemática, hay que analizar debidamente todo lo que rodea esta profesión tan importante para el desarrollo de la asistencia sanitaria en la calle. Porque únicamente no es una cuestión de subir un sueldo, sino del respeto que merecen.

Los TES, conocidos vulgarmente como ambulancieros, son profesionales con un título de FP de grado medio que aún cuenta con pocos años de vida. Anteriormente se desarrollaron otras formaciones para el perfil con competencias y conocimientos infinitamente menores. Sin embargo, con el avance asistencial, la mejora de la formación y la profesionalización del puesto, han logrado hacer valer su hueco en las emergencias, aunque ellos no siempre lo sientan tal cual.

Por una parte tenemos que en la mayoría de comunidades autónomas son empresas privadas quienes gestionan el servicio público del transporte sanitario. Y si esa gestión fuese correcta, evidentemente no existiría un conflicto. Pero cuando en España alguien concursa un contrato público no es precisamente para que sus trabajadores se sientan afortunados. Mucho menos en estos casos donde cada céntimo vale oro y reciben múltiples presiones para optimizar, aunque pueda ir en detrimento de la asistencia al paciente.

En segundo lugar, la fatiga del trabajador aumenta cuando descubre que solo es un número. De esta forma, no se valora al profesional competente por encima del mediocre, no ve valorado su trabajo ni premiada su labor. Es bien sabido que la contratación masiva sin exigir calidad laboral ni, simplemente, un comportamiento de saber estar, merma los ánimos de los buenos profesionales. Así, el servicio va decayendo poco a poco. Una pescadilla que se muerde la cola.

La tercera parte, como no podía ser de otra forma, es el salario. Los TES de Castilla y León se encuentran en una pérdida retributiva sistemática desde hace años. Si logran un día libre, es a costa de perder salario, incluso cuando ya hay sentencias que hablan de jornadas extra excesivas y sin retribuir. De hecho, desde hace dos años se encuentran en un proceso judicial por la denuncia de una gran mayoría. Sobrepasaban las horas marcadas por el estatuto de los trabajadores con creces y están pendientes de una indemnización que doblará el salario anual de muchos.

Cuando una situación llega a este nivel, solo queda la huelga y parar el transporte. Pero una vez nos chocamos contra una pared, porque no pueden hacerla como tal. El servicio actual no llega a los servicios mínimos. Aunque parezca surrealista, la convocatoria de huelga promovida por el sindicato CGT podría llegar a suponer más recursos en la calle de los que hay habitualmente.

Es cierto que el servicio de emergencias y del transporte no asistido está mal gestionado. Es cierto también que es muy fácilmente mejorarlo a corto plazo y sin que de ello suponga una inversión económica realmente grande. Es más, es cierto que simplemente reorganizándolo se podría mejorar la experiencia de estos profesionales de un día para otro y ahorrando en gastos, lo que permitiría facilitar las mejoras que sí precisan un desembolso. Pero la administración ni siquiera se molesta en valorarlo.

En este momento, el conflicto está en un máximo histórico ya que se han unido las nueve provincias para luchar por un derecho único: el respeto de la profesión en todas sus esferas.